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Boletín de prensa 11 de febrero de 2011
EL TIEMPO
FISCAL VIVIANE MORALES DEBUTA HOY EN LOS ESTRADOS JUDICIALES
Ante Tribunal de Bogotá, Morales dará explicaciones por archivo de un proceso contra el Procurador.
La investigación que fue cerrada por el ex fiscal Guillermo Mendoza se había iniciado tras una denuncia de un funcionario de la Procuraduría por lo que consideró injusto su despido del Ministerio Público.
El demandante presentó un recurso de legalidad sobre la decisión de la Fiscalía a favor del procurador Alejandro Ordóñez, lo que obligará a la Fiscal Morales a explicar los motivos que llevaron a cerrar el proceso.
A la diligencia la Fiscal Morales, acudirá acompañada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
GENERAL INVOLUCRADO EN MUERTE DE MAGISTRADO URÁN SE DECLARA INOCENTE
El general Carlos alberto Frasica es acusado de homicidio por la muerte de Carlos Horacio Urán.
Tras la indagatoria ante un fiscal de la unidad de derechos humanos, el oficial en retiro dijo que no ha hecho nada y que deja en manos de la justicia determinar si tuvo alguna responsabilidad en la desaparición y muerte de Urán.
A su turno el abogado Fabio Ballesteros, defensor del general Frasica, dijo que en el expediente no hay ninguna prueba que vincule al oficial con la muerte del magistrado auxiliar durante la retoma del Palacio de Justicia.
"Hay unos videos que muestran una persona que se dice es el magistrado Urán, cosa que no se ha establecido en el expediente y tampoco hay ninguna evidencia que permita asocial al general con la muerte de esta persona", dijo el abogado.
EDITORIAL: UN ACTO DE RESPONSABILIDAD
Subir la edad de jubilación sería un acto de responsabilidad con el país y las nuevas generaciones.
Pese a que el Gobierno decidió retirar el artículo 96 del proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se subían las edades de jubilación a 65 años para hombres y 62 años para mujeres que ingresen al régimen público de pensiones, es menester afirmar que dicha alza sería un acto de responsabilidad con el país y con las nuevas generaciones. Es posible que no haya sido la forma más apropiada de proponerla, pero el Ejecutivo tiene razón en pensar en una reforma que garantice la viabilidad y sostenibilidad del sistema pensional colombiano en las próximas décadas, así al Vicepresidente el tema le parezca una herejía.
Son muchas y muy fuertes las razones en ese sentido. En primer lugar, el régimen público de pensiones de Colombia es extremadamente costoso. Como no fue capaz de cubrir sus obligaciones con fondos de ahorro, las reservas se agotaron y, hoy en día, el pago de las mesadas cuesta cerca de 22 billones de pesos por año, recursos que salen directamente del fisco y representan casi el 23 por ciento del presupuesto nacional. Dicha cifra equivale al recaudo por concepto de pago del IVA.
En segundo lugar, en contra de lo que se anticipaba hasta hace poco, los pagos pensionales no solo no están bajando, sino que han tomado una dinámica creciente. Las razones son varias e incluyen el efecto de fallos de tutelas que conceden pensiones basadas en el ingreso del último año, como las que comprenden a los miembros de la rama judicial y los organismos de control, con beneficios que existían hace cuatro décadas, desconociendo las reformas expedidas con la Ley 100 y otras modificaciones posteriores.
También están las nuevas leyes que incrementan las mesadas de grupos organizados, como la pensión de gracia para docentes, aprobada recientemente por el Congreso.
A lo anterior hay que agregar las receintes tablas de mortalidad, que, de acuerdo con cálculos de la Superintendencia Financiera, mostraron un incremento de la esperanza de vida de tres años para los hombres y seis años para las mujeres. No menos importante es el aumento de los empleados estatales, como el personal de las Fuerzas Armadas, en la década pasada.
Una mención aparte merece la corrupción en el Seguro Social, en el cual se han encontrado bandas organizadas que se encargan de "arreglar" las historias laborales a cambio de soborno. También hay esquemas igualmente fraudulentos, como el carrusel que se ha denunciado en el Consejo Superior de la Judicatura, en donde más de 20 magistrados fueron nombrados durante dos o tres meses, el tiempo suficiente para aumentar la base de su pensión.
Por todo lo anterior, hay que agarrar el toro por los cuernos y reformar a fondo un sistema que no solo es inviable e insostenible, sino muy inequitativo. Mientras en la educación pública, con la mitad de los recursos del régimen pensional público se benefician casi 8 millones de niños, en este se financian 1,3 millones de personas. De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, el 80 por ciento de los subsidios otorgados en las pensiones se destinan al pago de las mesadas del 20 por ciento más rico de la población, en tanto que el 20 por ciento más pobre solo recibe menos del uno por ciento.
En resumen, el tema es de la mayor importancia y requiere una cirugía de fondo. Tal como están las cosas, el sistema les sirve, sobre todo, a unos pocos y especialmente a sectores con alta capacidad de presión política, como congresistas e integrantes de la rama judicial. Por ese motivo, un cambio que busque hacerlo sostenible es fundamental, tanto en aras de la igualdad, como del futuro de los millones de colombianos que hoy están excluidos de él.
SOBRE LA OPOSICIÓN Y EL 'CANGURO'
No hay que ser de la oposición para oponerse al artículo "canguro", que sacará del censo electoral a 15 millones de personas.
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Compartir8 1El artículo 47 de la Ley 190 del 2010 es una seria amenaza contra la democracia representativa.
Es lo que llaman "artículos canguro". Y se llaman así, según el Registrador, porque aparecen a saltos, sin cumplir con las etapas debidas durante el proceso de aprobación de leyes en el Congreso.
Uno de esos "canguros" apareció de sorpresa en la recién aprobada "reforma política", dizque para depurar el censo electoral. Hasta ahora, pocos han levantado la voz contra la medida. En protesta, los dirigentes del Polo Democrático Alternativo (PDA) se retiraron de la mesa negociadora del estatuto de oposición. Tendríamos que protestar todos los ciudadanos.
No hay que ser de la oposición para oponerse al artículo "canguro" -el 47 de la Ley 190 del 2010-, que sacará del censo electoral a 15 millones de personas. De un plumazo, la medida les niega la posibilidad de votar a quienes no participaron en las últimas elecciones, a menos que vuelvan a registrarse.
Hay fuertes razones para protestar contra esta 'cangurada': constitucionales y filosóficas, políticas y prácticas -todas expuestas con lucidez por Carlos Ariel Sánchez, el registrador, en entrevista con Cecilia Orozco-.
Comencemos por reconocer la importancia del asunto. No se trata aquí de materia marginal. Cualquier legislación sobre las elecciones afecta de una u otra forma la calidad de quienes representarán a los votantes -la definición misma de la democracia-.
Esta 'cangurada' sobre el censo electoral viola normas del proceso legislativo y atenta contra el principio de transparencia que debe acompañar la aprobación de las leyes. Más aún, si su forma está viciada, su contenido es además inconstitucional.
Al excluir del censo a quienes no hayan votado en las últimas elecciones, se estaría castigando a los abstencionistas. El voto entre nosotros no es obligatorio. Es un derecho, de ejercicio voluntario. Lo ha sido así casi desde los orígenes de la república, una tradición de la democraca liberal colombiana que es preciso defender.
Adicionalmente, al excluir del censo electoral a quienes no votaron en las últimas elecciones se estaría discriminando, en particular, al partido que decidió abstenerse en aquellas contiendas: al PDA. Tal medida tendría sabor de persecución política contra la oposición. Afectaría la legitimidad democrática, ante ojos internos y externos. Dicha 'cangurada' no podía ser más inoportuna, en momentos en que se discute -en una negociación ya prolongada- el estatuto de la oposición.
Hay más: al reducirse tan drásticamente el censo electoral se estaría bajando el umbral para la validez de cualquier referendo. Quedaría así debilitada una de las barreras constitucionales contra los posibles abusos de la democracia participativa.
Por si faltaran razones, estamos frente a una medida poco práctica (excepto para las malas prácticas de la política). Como el Registrador advirtió, no habría tiempo ni recursos para volver a inscribir en el censo a tanta gente antes de las elecciones de octubre.
Los defensores de la medida argumentan que es necesario depurar el censo y que se reduciría así el abstencionismo. Este último es un argumento falso e iluso. Unos 27 millones de colombianos hemos renovado la cédula: esta y no otra sería la cifra para estimar el abstencionismo. Con buen sentido, el Registrador sugiere que estas nuevas cédulas deberían ser la base de la depuración del censo electoral (hay casi 30 millones inscritas en el censo).
La 'cangurada' no solo afectaría al PDA. Esta medida favorecería el malabarismo electoral, a quienes recurren a toda clase de maniobras para distorsionar el proceso democrático.
Es, pues, una seria amenaza contra la democracia representativa. La sociedad civil, incluida la opinión pública, se ha demorado en levantar su voz de protesta.
JOSÉ LUIS BARCELÓ, NUEVO MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA
Reemplazará en la Sala Penal a Jorge Luis Quintero Milanés.
El bogotano José Luis Barceló Camacho fue elegido este jueves por la sala plena de la Corte Suprema como nuevo magistrado de esa colegiatura.
El alto jurista reemplazará en el cargo al magistrado Jorge Luis Quintero Milanés, saliente integrante de la Sala Penal de la Corporación.
El nuevo togado de 52 años de edad es egresado de la Facultad de Derechos de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá y tiene especialización en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás.
Fue magistrado auxiliar de la Sala Penal, juez de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá y abogado asesor de la Procuraduría Segunda Delegada para la Función Penal.
También se desempeñó como fiscal y tiene larga experiencia como catedrático en las universidades Santo Tomás de Bogotá y Duitama, Boyacá; la Libre de Bogotá, de Cúcuta, Santander y de Cali, Valle; la Cooperativa de San Gil, Santander, la Nacional de Bogotá; y la Católica del Táchira, Venezuela, entre otras.
EL ESPECTADOR
SE COMPLICA TRÁMITE DE PROYECTO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Tras la primera reunión de los congresistas ponentes del proyecto, no se ha logrado la concertación de ni un solo artículo.
El trámite del proyecto de Seguridad y Convivencia se complicó en el Congreso de la República.
Tras un primer encuentro entre los senadores y representantes, no se logró la concertación de ni un artículo de la iniciativa.
Con la decisión del Gobierno de incluirlo en las sesiones extras con mensaje de urgencia, se ven obligadas las comisiones primeras a dar trámite al proyecto, sin que de momento exista una ponencia a discutir.
El representante Alfonso Prada dijo que lo mejor es retirar el proyecto porque podría ser un fracaso su trámite.
"He llamado a los ministros del Interior y de Defensa para que retiren el proyecto y sea abordado en marzo", recalcó.
En ese sentido, Prada planteó uno de los artículos más polémicos; el que busca restringir la venta de licor.
El legislador presentó una iniciativa que busca impedir la venta de licor en los barrios.
Según él, son necesarias las licencias que garanticen la venta en sitios especializados. Así también se impediría la venta y consumo en lugares ubicados a menos de 300 metros de centros educativos y de salud.
A partir de ahí, Prada señaló que algunas medidas no son aplicables a pequeños municipios y veredas, lo cual difculta la concertación.
El Gobierno aún no responde a la petición de Prada del retiro del proyecto.
CONTINÚA DEFENSA DE GENERAL (R) RAMÍREZ POR HOLOCAUSTO DEL PALACIO
Su abogado John Fernando Vásquez objeta la existencia de personas que, saliendo con vida de la toma, hayan desaparecido.
Este viernes continúa el alegato de conclusión de la defensa del general (r) Iván Ramírez en el juicio por el holocausto del Palacio de Justicia, donde su abogado John Fernando Vásquez ha desestimado la ocurrencia de desapariciones en el operativo de retoma del edificio, en el que irrumpieron violentamente guerrilleros del M-19 el 6 de noviembre de 1985.
El jurista asegura que las imágenes en las que varios familiares de esas personas dicen haber reconocido a sus seres queridos abandonado el Palacio con vida, y escoltados por la Fuerza Pública, no ofrecen ninguna certeza de que sean precisamente ellas, y de allí que cosidere débil la tesis entorno a las desapariciones.
Vásque ha manifestado que esos rehenes debieron morir calcinados en el cuarto piso y que incluso hay rehenes que fueron rescatados por las Fuerzas del Orden y que dicen ser las personas en las cuales los familiares de las víctimas dicen reconocer a sus seres queridos.
La Procuraduría, por su parte, aunque admite la ocurrencia del delito, por lo menos en ocho de los casos, considera que no hay ningún elemento que lleve a concluir que Ramírez o los oficiales (r) Fernando Blanco y Óscar Wiliam Vásquez tienen responsabilidad en el hecho.
El mismo oficial (r), quien dirigía el Comando de Inteligencia y Contra Inteligencia, Coici, para la época de los hechos, con lágrimas en los ojos, se declaró víctima de algunas versiones de prensa, de la Fiscalía y de los abogados de la parte civil, al argumentar el por qué debe ser absuelto por parte de la juez 51 penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos, a cargo del proceso.
Ramírez cuestionó además las declaraciones de los estudiantes Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes dijeron haber sido conducidos a la sede del Coici, en el barrio San Cristóbal de Bogotá, donde habrían sido sometidos a torturas y vejaciones.
También pidió que se investigue por falso testimonio a su ex subalterno Marlio Quintero Pastrana, un taxista al servicio de ese organismo de inteligencia, que aseguró que eran frecuentes los interrogatorios con torturas que se practicaban en esa unidad militar y dijo que otro de los acusados, el mayor (r) Óscar William Vásquez, lo había estado intimidando para que no declarara en su contra, indicando que lo creía capaz de ordenar su asesinato.
JUDICATURA PEDIRÍA INVESTIGAR A MINISTROS DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Fabio Valencia interpuso quejas infundadas contra miles de jueces, ratificadas por Germán Vargas; de ahí que la Judicatura estudie pedir la indagación a la Procuraduría.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura estudia la posibilidad de pedir a la Procuraduría que abra una investigación en contra del exministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia y contra el actual jefe de esa cartera Germán Vargas porque la mayor parte de las más de 11 mil quejas interpuestas por el Gobierno en contra de jueces de la República han resultado infundadas.
Así lo manifestó el presidente de la Sala, el magistrado Henry Villarraga, quien explicó que la inmensa mayoría de los jueces de Ejecución de Penas y Control de Garantías que fueron objeto de las denuncias del Ejecutivo tomaron sus determinaciones amparados por la Ley.
“Gran parte de esas denuncias resultan completamente infundadas. Entonces, yo creo que no se puede de parte del Estado propiciar el desprestigio de la Rama Judicial, sobre la base de una quejas infundadas (…) Estamos estudiando compulsarle copias por esas denuncias temerarias”, sostuvo.
En junio de 2010 el Gobierno Nacional interpuso 11.200 quejas ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura porque, a su juicio, habían venido otorgando medidas de excarcelación a favor de presos que no lo merecían o a favor de presos de alta peligrosidad.
Según Villarraga, prácticamente ninguno de los casos ameritaba la presentación de la acción, toda vez que las determinaciones fueron concedidas con ajuste a derecho y no de manera caprichosa ni ilegal.
Dijo que lo que se está logrando con ello es estigmatizar a los jueces penales de la República y que la consecuencia es el irrespeto contra la Rama Judicial.
POR HOMICIDIO DE MAGISTRADO URÁN RINDIÓ INDAGATORIA GENERAL (R) FRACICA
La Fiscalía también vinculó formalmente a la investigación a los oficiales (r) Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Hernández.
Por su presunta responsabilidad en el asesinato del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, rindió indagatoria ante un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH, el general (r) Carlos Alberto Fracica.
El jurista, que pereció durante el holocausto del Palacio de Justicia en 1985, fue reconocido por sus familiares y allegados en una imagen de televisión, abandonando el edificio, rumbo a la Casa del Florero, 20 años después de haber sido encontrado muerto, al parecer, como víctima de un tiro de gracia.
Su cadáver fue ubicado en un pequeño cuarto de la morgue de Bogotá, donde se encontraban todos los guerrilleros del M-19 que murieron en el fuego cruzado; hasta hace unos años, las autoridades otorgaban entera credibilidad a los testigos que aseguraban haber visto cómo el insurgente Andrés Almarales le disparó en la cabeza y luego se suicidó.
El hecho de que el cuerpo sin vida de Urán, tanto como el del comandante guerrillero y del también magistrado Manuel Gaona hayan aparecido con un hoyo de bala en la frente y con señas de haber sido lavados, las imágenes de televisión en la que se dice haber visto con vida al primero y testimonios de personas que aseguran haberlo visto salir del Palacio llevaron a la exfiscal Ángela María Buitrago a abrir la respectiva indagación por este homicidio.
En una de las inspecciones judiciales adelantadas por la ex funcionaria en los archivos del B-2 de la Brigada 13 fue encontrada la billetera del magistrado Urán, agujereada por un disparo; en 2007, ésta fue entregada a su viuda Ana María Bidegain.
En el curso del averiguatorio, la exfiscal Buitrago ordenó verificar las necropsias de 17 de los cadáveres, entre los cuales se encontraban los de varios guerrilleros como Andrés Almarales y de los magistrados Gaona y Urán; la indagación llevó también a la apertura de investigación preliminar por la presunta desaparición del comandante de la operación de toma del Palacio, el guerrillero Luis Otero.
El 26 de octubre de 2010 Buitrago llamó a indagatoria a los generales (r) Carlos Alberto Fracica, Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Hernández; el caso fue trasladado a otro despacho, un día antes de que fuera aceptada la renuncia de la exfuncionaria por parte de Guillermo Mendoza Diago.
EPS DISTRITAL ARRANCA EN ABRIL
Solo falta que la Superintendencia Nacional de Salud apruebe la fusión entre Salud Total y Capital Salud.
El secretario de Salud, Héctor Zambrano, anuncio que la EPS del Distrito comenzará a funcionar en abril próximo. La nueva entidad promotora de salud busca incluir más de 892 mil personas, especialmente la población de bajos recursos niveles 1 y 2 del Sisbén.
“Estamos a la espera de que la Superintendencia Nacional de Salud nos apruebe la fusión entre la EPS Salud Total y la EPS Capital Salud, ya se dieron las juntas directivas y el 15 y 16 de febrero se realizarán las asambleas entre las mismas y con base en esto, se espera cerca de unos 20 días hábiles e inmediatamente comenzará a operar la EPS”, explicó Zambrano.
La EPS Capital Salud sería la primera EPS de carácter público del país con el esquema de alianza público- privada y sociedad de economía mixta. La fusión permitirá mejorar niveles de contratación con la red pública, oportunidad en el pago y flujo de recursos.
Los ciudadanos que quieran cambiarse a la EPS Capital Salud cuando esté operando, deberán esperar a que el gobierno establezca periodos de traslados, ya que entrará a formar parte de las ocho EPS-S que operan en la capital.
VEINTE AÑOS NO ES NADA
Por: Francisco Gutiérrez Sanín
Se cumplen veinte años de la promulgación de la Constitución de 1991; pretexto ideal para volver sobre nuestras dinámicas políticas y diseños institucionales. Ojalá la fecha no se pierda miserablemente, como sucedió con el Bicentenario.
Espero, pues, dedicar varias columnas al tema. Comienzo con la cuestión de la estructura territorial del Estado. Una de las ideas claves que alimentaron a la carta de 1991 fue la de que descentralización y democratización estarían íntimamente asociadas. ¿Se cumplieron tales expectativas? El balance, al cabo de dos décadas, es poco claro. Aunque en efecto la descentralización sí disparó positivos procesos de participación e inclusión, también facilitó la captura de poderes locales por parte de los señores de la guerra y de fuerzas cuyo objetivo era precisamente escapar lo más posible al control del Estado central. En particular, el modelo rigurosamente municipalista de nuestra descentralización transfirió una serie de atribuciones y responsabilidades al que había sido tradicionalmente el eslabón más débil de nuestra estructura territorial, con impactos muy diferenciales. En las grandes ciudades seguramente éstos fueron en esencia positivos. En pueblos en donde un alcalde indefenso y sin burocracia tiene que hablar todos los días con un matón que tiene su guardia pretoriana y sus enclaves en la sociedad y las instituciones, quién sabe.
Aquel modelo estuvo en buena parte alimentado por la convergencia de tres grandes actores, los partidos tradicionales, la izquierda y el Banco Mundial, que descubrieron en la década de 1980 que “lo pequeño es hermoso”. Los partidos, a través de su atomización, que transfirió el poder a jefaturas departamentales y municipales; la izquierda, a través de la oleada de paros cívicos que le sugirieron que había un escenario ideal para entrar en contacto, por fin, con la gente; el Banco Mundial, a través del redescubrimiento de la sociedad civil y su larga deriva ideológica antiestatista. Así, políticos prácticos, intelectuales y cuadros de izquierda, y tecnócratas, se pusieron de acuerdo alrededor de una forma específica de descentralización. No había aquí, por supuesto, un plan maestro, sino el desarrollo de una serie de esquemas mentales y de intereses que se iban encontrando de manera interactiva. Como se suele decir en una disciplina afín a la ciencia política, acaso más rigurosa que ella, “los astros estaban alineados”.
El problema es que ese modelo de estructura territorial perdía del todo las realidades de Colombia. Colombia está en guerra. Su Estado, por factores que escapan a su control, no puede regular su principal cultivo de exportación, la coca. Y es un país que necesita desesperadamente de grandes proyectos adelantados por el Estado central. Piénsese no más en el brutal rezago de infraestructura que padecemos, y en sus terribles impactos negativos en la calidad de vida de la gente y en las oportunidades de desarrollo del país. Esto, en contraste con los dineros de las regalías gastados, a veces dilapidados, en medio del más absoluto desorden.
Temas como el de las regalías, las CAR, el desarrollo de la infraestructura, han estado a la orden del día. La zambra que le hizo un puñado de alcaldes al buen ministro de Transporte, pidiendo el regreso a los alegres tiempos de Uribe, no es casual. Las estructuras territoriales generan su propia economía política. Por mi parte, estoy convencido de que el país está al mismo tiempo demasiado centralizado y demasiado descentralizado. Esto podría parecer una paradoja fácil, pero tiene su explicación, a la que espero volver en algún futuro cercano.
UN DERECHO DE PAPEL
Por: Catalina Ruiz-Navarro
EL ABORTO LEGAL EN COLOMBIA ES UN DERECHO DE PAPEL.
Para abortar, una colombiana se encuentra ante las siguientes opciones: primero podría viajar a algún país donde el aborto sea legal y pagar por el procedimiento, una posibilidad que solo tienen unas pocas; también puede acudir a una clínica clandestina donde le cobrarán entre $ 300.000 y $600.000, otra opción para privilegiadas; pude consultar al Doctor Google y comprar las pepas por Internet, sin supervisión médica y arriesgando su vida; o puede ponerse creativa con los instrumentos a la mano, lo que casi siempre es un atentado contra su salud.
¿Y la opción del aborto legal? Porque el aborto es legal en Colombia en tres casos muy específicos, ¿no? Pues no tanto. Se estima que en Colombia ha habido cerca de 650 abortos legales durante los 4 años que lleva la sentencia vigente y se presentan 350.000 abortos ilegales anualmente. Hay un grandísimo desconocimiento de la sentencia de la Corte. Muchos médicos acuden a la objeción de conciencia (están en todo su derecho) pero no remiten a la paciente a otro médico menos metafísico, y los jueces por su parte aducen la misma objeción o demoran el fallo hasta que sea demasiado tarde. Cuando una mujer se ve enfrentada a abortar, no es fácil que tome la decisión de interrumpir el embarazo porque es traumática, y después de que lo ha decidido se encuentra con maltrato, discriminación, demora y excesivos requisitos. Abortar legalmente en Colombia es tan complicado que ni siquiera el POS cubre todos los medicamentos necesarios para la interrupción del embarazo.
Una de las drogas necesarias para el aborto por medicamentos es el Misoprostol, originalmente usado para tratar úlceras y gastritis. El Misoprostol provoca contracciones en el útero y debe usarse después de tomar otro medicamento que interrumpe el embarazo. Este procedimiento necesita de supervisión médica para no tener complicaciones y es el preferido por muchas mujeres que no quieren pasar mucho tiempo en el consultorio. La reglamentación que hizo el Ministerio de Protección Social de los servicios IVE (interrupción voluntaria del embarazo) dice que el Misoprostol es "de amplio acceso y de bajo costo” y que “su mayor uso contribuye a disminuir las complicaciones de un aborto inseguro”.
Sin embargo, hasta ahora el Misoprostol no está cubierto en el POS, de manera que si una mujer quiere interrumpir su embarazo debe asumir el costo del medicamento o recurrir a una IVE quirúrgica que es más invasiva. Ese es uno de los tantos pequeños detalles que hacen que la legalidad del aborto en Colombia se quede en el papel y que las mujeres sigan arriesgando su vida con abortos ilegales.
Afortunadamente la Comisión de Regulación en Salud que es la que decide qué hay en el POS tiene la idea de incluir el Misoprostol entre los medicamentos que cubre el Seguro, algo que de concretarse, sería un gran paso para los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. La inclusión del Misoprostol en el POS hace que su uso regulado sea aún más fácil que el ilegal y eso salvará las vidas de muchas mujeres.
La CRES abrió una consulta ciudadana para que individuos y organizaciones expresen su opinión frente al uso de este medicamento. Todos podemos ayudar a que el Misoprostol se incluya en el Seguro llenando el formulario que aparece aquí, antes del 20 de febrero. En esta oportunidad el activismo empijamado puede ser, de hecho, efectivo, y solo toma cinco minutos y unos cuantos clics. Participar en la consulta es una acción muy sencilla de implicaciones muy grandes: tomar partido por un derecho, por hacerlo efectivo, para que deje de ser una sentencia en potencia y se convierta en una libertad potenciada.
ELO NUEVO SIGLO
¿POR QUÉ EL REVERSAZO?
EL país algún día tiene que tomar en serio el tema de pensiones. Hay que abrir el debate y fijar una posición. Es, sin duda, un asunto difícil, lleno de controversias, donde existen opiniones a granel. Se trata, ciertamente, del bienestar de los adultos mayores y eso despierta todo tipo de suspicacias y dificultades. No obstante, si el Gobierno retiró el artículo correspondiente a las pensiones del Plan de Desarrollo, no debe así rehuir el debate. La peor de todas las justificaciones es la que aducen algunos políticos, según la cual no es el momento de discutirlo porque se está en año electoral. Semejante galimatías sólo indica que el Congreso, entonces, sólo serviría un par de años y que los otros dos queda prácticamente paralizado por efecto de las elecciones. No es serio y precisamente es ahí cuando se mide la verdadera temperatura de un parlamentario que no está simplemente en el Congreso a la caza de votos y la reelección permanente.
Tampoco es dable pensar que en el seno del mismo Gobierno no se vaya a dar polémica por el tema. Es obvio que entre sus mismos integrantes existan versiones diferentes y está bien que se ventilen siempre y cuando al final se logre un consenso. No es necesario que ello se cierre bajo las puertas herméticas del Consejo de Ministros. Por el contrario, en la época de Andrés Pastrana existía un Gobierno deliberante donde se permitían las discusiones abiertas entre ministros. Igual acontecía en el Gobierno de Álvaro Uribe, cuando a veces él mismo se ponía en la oposición públicamente. De manera que no es malo que el tema de pensiones se analice abiertamente, desde luego dentro de las reglas del decoro y el respeto.
Para nosotros es claro que el gran avance del siglo XX, a partir de un sinnúmero de acontecimientos, nuevas tecnologías y el ingreso de la mujer a la órbita laboral, fue el cambio en la expectativa de vida. Suena paradójico que en el siglo de las más cruentas guerras, el ser humano, de otro lado, obtuvo pasar de un promedio de vida universal de 55 a 60 años a uno entre 75 y 80. Inclusive hoy se avizora que un promedio de vida de 92 años es factible en un lapso de media centuria.
De este modo todos los planteamientos sobre la vida han cambiado, particularmente en materia educativa y laboral. En la actualidad, por ejemplo, es claro para universidades de la categoría de Princeton y Cornell, en Estados Unidos, que los currículos educativos tradicionales, que implicaban estudiar carrera profesional entre los 18 y 24 años, ya no son suficientes. En efecto, en múltiples conferencias académicas internacionales es evidente que dentro de pocos lustros deberá asistirse a la universidad, no sólo en esas épocas sino a actualizarse hacia los 40 años y luego a los 60, con tres o cuatro semestres de modernización. Y es así, ciertamente, porque la vida laboral de una persona ya no es de 20 ó 30 años, sino que ha subido a 40 ó 50. En ese sentido resulta, por lo menos contradictorio, que la gente esté pensando en jubilarse de manera anticipada a lo que resulta de los ciclos vitales mundiales.
Y así es, porque cuando se inventaron las pensiones, en el régimen de Bismarck, en Alemania, hace 150 años, el promedio de vida era muy inferior al actual y el Estado sólo debía subsidiar a quien se jubilaba por dos o tres años. A nadie se le habría ocurrido, ni debería ocurrírsele hoy, que el Estado entre a subsidiar, por el contrario, 20 ó 25 años. Mucho menos, precisamente cuando de lo que debe tratarse es de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, que debe ir concomitante con el promedio vital.
Recientemente los socialistas alemanes cambiaron drásticamente el régimen de pensiones. Luego siguieron otros varios europeos. El tema hoy no es, pues, exactamente el de las pensiones, sino la forma de crear no sólo puestos de trabajo, sino empleos formales y de largo plazo, donde la mayoría de la gente esté ocupada y autosostenida. Y ese es el reto.
TLC: UNIFICAR VOCERÍA
ASÍ en Estados Unidos se lancen desde la Casa Blanca y el Congreso señales cruzadas sobre el futuro de la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC), Colombia debe evitar caer en ese escenario de múltiples vocerías.
En las últimas dos semanas las afirmaciones del presidente Barack Obama, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el representante comercial de E.U., Ron Kirk, así como de varios senadores y representantes a la Cámara de los partidos Republicano y Demócrata no sólo han resultado contradictorias, sino que generan un ambiente mayor de incertidumbre sobre el pacto comercial.
Las autoridades colombianas deben evitar caer también en un alud de declaraciones de distintos altos funcionarios locales y diplomáticos, muchas de ellas confusas o con tonos y vocablos que no corresponden a un asunto tan delicado como el acuerdo comercial que lleva más de cuatro años pendiente de visto bueno legislativo estadounidense. No tiene sentido que mientras en algunas instancias gubernamentales se urge a la Casa Blanca y el Congreso norteamericano dar vía libre al TLC, en otras se escuchen declaraciones en donde se subdimensiona la importancia del pacto o, peor aún, se ponen plazos fatales para que éste sea ratificado o, de lo contrario, Bogotá ya no insistiría más en el tema. No se sopesa el riesgo de que los enemigos del pacto utilizan esos pronunciamientos para hacerle mal ambiente al acuerdo en instancias de poder y opinión en E.U.
Convendría que el Gobierno limitara la vocería en cuanto el TLC a un solo alto funcionario, y que tanto ministros y diplomáticos se abstuvieran de emitir declaraciones públicas al respecto
CONTROVERSIA POR DENUNCIAS “INFUNDADAS” CONTRA JUECES
El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura solicitaría investigación contra ex ministro del Interior y Justicia y el actual
UNA NUEVA controversia judicial acaba de surgir por cuenta del llamado de atención que le hizo el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga Oliveros, al ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y a su antecesor, Fabio Valencia Cossio, por las miles de quejas ‘infundadas’ que han sido presentadas contra jueces de la República que han otorgado beneficios a detenidos en centros penitenciarios.
El magistrado aseguró que de las 11.200 quejas presentadas por el Ministerio del Interior y Justicia contra los jueces del país, el 90% son infundadas.
Por este hecho, el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria señaló que el alto Tribunal está estudiando la posibilidad de solicitar investigación contra Vargas Lleras y Valencia Cossio, por presentar esas quejas sin la debida fundamentación.
Villarraga Oliveros indicó que los jueces penales del país están siendo estigmatizados por el Gobierno, al señalar que en todos los casos otorgan de manera irregular beneficios a detenidos de diferentes cárceles de Colombia.
“No se puede, por parte del Estado, propiciar el desprestigio de la Rama Judicial sobre una base de quejas infundas. La Sala quiere hacer un llamado de atención al Ministro del Interior para que cuando se tengan esa clase de quejas, las hagan con fundamento y con pruebas que ameriten poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional disciplinario”, precisó.
“En este caso – agregó - se estaría irrespetando a la justicia en Colombia… como vocero de la Jurisdicción Disciplinaria solicitaría un poco más de mesura para que no se estigmatice a todos los jueces”.
Por último, el magistrado Villarraga aseguró que los Consejos Seccionales de la Judicatura, han informado que en las investigaciones disciplinarias adelantadas por el otorgamiento de beneficios a internos, como la detención domiciliaria o la imposición de la manilla electrónica, encontraron que son los propios directores de cárceles los que están concediendo esos beneficios y luego los reclamos son para los jueces.
Hace algunas semanas, el ministro del Interior y Justicia había ordenado trasladar a varios ex parlamentarios del pabellón de la parapolítica a cárceles en sus lugares de origen, luego de que se presentaran varios desórdenes y se hallaran varios tratos especiales que recibían.
Además, también había estallado un escándalo por los beneficios que recibían los miembros de la Fuerza Pública recluidos en guarniciones militares, por delitos de lesa humanidad.
CARACOL RADIO
LÍO JURÍDICO EN MAGDALENA ABRIÓ PUERTA PARA REGLAMENTAR LA TUTELA
El Gobierno Nacional se quejó del “uso exagerado” de las acciones de tutela de los mandatarios para evitar suspensiones, como ocurrió en Magdalena y Casanare.
Para el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, el camino es la reglamentación de la tutela, en el marco de una reforma judicial.
“Y mi criterio es que no debe proceder tutelas contra posiciones de un superior jerárquico. No puede ser que un juez esté entutelando una decisión de la Corte Suprema de Justicia, o del Consejo de Estado, eso es improcedente”, expuso el Ministro.
Casos las dos tutelas que permitieron que Omar Díazgranados se quedara en la Gobernación del Magdalena, pese a la orden de suspensión de la Contraloría y otra que interpuso ante un juez de familia el mandatario de Casanare, Raúl Flórez, quien fue apartado temporalmente del cargo por la procuraduría, son, para Vargas “otro buen ejemplo de la improcedencia”.
“No es posible que un juez de menores en Yopal deje sin vigencia una decisión del procurador general de la Nación y lo digo amparado en la providencia emitida por la Corte Constitucional que confirmó la decisión del Procurador General”, finalizó Vargas.
La reforma judicial se está concertando con las altas Cortes y la Fiscalía y se espera que sea presentada antes de mitad de año al Congreso.
SANCIONADO JUEZ QUE CONCEDIÓ 89 TUTELAS APROBANDO PENSIONES DE GRACIA
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura suspendió por un año el juez segundo civil de Magangué, Bolívar, José Payares, por haber tutelado irregularmente 89 pensiones de gracia.
Este juez había ordenado a la Caja Nacional de Previsión Social reconocer las pensiones de gracia y el pago de toda las pensiones salariales, retroactividad, recuestes e indexaciones.
El magistrado ponente, Alonso Sanabria, aseguró que el juez faltó a su deber al desobedecer la constitución y la ley, ya que la tutela sólo se puede conceder como mecanismo transitorio y cuando se acredite un perjuicio irremediable.